En España se tramitan cada año alrededor de tres millones y medio de este tipo de multas, lo que supone que dos de cada diez conductores son sancionados al año.
Las distintas Administraciones adoptan diáriamente decisiones, algunas de forma arbitraria e injusta que lesionan nuestros legítimos derechos.
Para ello muchas veces hay que realizar las preceptivas reclamaciones administrativas que aunque estén perfectamente justificadas, muchas veces son desestimadas o no resueltas en el tiempo adecuado.
En este caso, no queda más remedio que acudir a los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo para que nuestros derechos sean reconocidos, situación que no debe de amedrentarnos, ya que nuestra amplia experiencia nos permite representarle de la manera más tranquilizadora para ústed.